miércoles, 7 de noviembre de 2012

Expertos nacionales e internacionales proponen crear un servicio especializado en la protección del patrimonio cultural


Crear un servicio policial y fiscalías especializadas en la protección del patrimonio cultural de América Latina, fue una de las primeras propuestas alcanzadas al finalizar el taller regional Fortalecimiento de capacidades y sensibilización para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, promovido por el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.



Tras tres días de intenso análisis, expertos nacionales e internacionales examinaron la aplicación efectiva de la Convención de 1970 sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales; así como, otros instrumentos pertinentes a la lucha contra el tráfico ilegal y la restitución de bienes culturales en la región.

“En el caso que los servicios ya estén creados, se sugiere a las autoridades asumir el compromiso de no cambiar de destino de servicio a dichos funcionarios por un plazo no menor a 5 años, en un número suficiente, dotándolos de los medios técnicos, logísticos y necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, explicó la Directora General de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, Blanca Alva.

En nuestro país, existe desde 1999 - dentro de la Dirección de la Policía Fiscal- la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Cultural (DIVIDCAPC); pero su personal es insuficiente y de alta rotación, lo que impide hacer un seguimiento efectivo de los casos. A lo que hay que sumar, los escasos recursos con los que cuentan.

Alva, indicó que el “Ministerio de Cultura inició hace dos años el proyecto de ubicar en su sede central a la DIVICAPC para que los policías puedan estar en contacto directo con los especialistas del portafolio y reciban capacitación continua”. Este sería un paso inicial que no ha podido concretarse porque es requisito contar con un fiscal Ad Hoc permanente. Pedido que aún, no ha sido resuelto por la Fiscalía de la Nación.

Con todo ello, el Ministerio de Cultura ha logrado recuperar en los últimos cinco años, 2 mil 700 piezas del patrimonio cultural. “Nosotros somos los líderes a nivel mundial en recuperación, repatriación y solución de casos. Estamos resolviendo un promedio de 10 casos al año”, subrayó Alva.

Otra de las propuestas para mejorar la aplicación de las convenciones en la región, es la creación de una Base de datos de bienes de Patrimonio Cultural sustraídos, y comunicar dicha información a INTERPOL para que sea compartida por todos los países miembros, propiciando una persecución eficaz de los hechos y personas involucradas.

Los expertos coincidieron en señalar que la falta de inventario y registro de los bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural, ponen en riesgo inminente su protección y custodia,  por lo que es necesario enfocar esfuerzos financieros nacionales y la cooperación de los organismos internacionales para su implementación, reforzamiento, actualización y uniformidad.

Además, propusieron la estandarización y armonización de las penas y procedimientos administrativos; así como, la definición global de “bien cultural” y “patrimonio cultural” con legislaciones que determinen las acciones delictivas, tipos penales y sanciones.

Por su parte, las organizaciones internacionales como UNESCO, UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), OMD (Organización Mundial de Aduanas), UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito),  e ICOM (Consejo Internacional de Museos), apoyarán a los estados miembros de la Convención de 1970 en los programas de formación y capacitación dirigidos a los agentes especializados en la lucha contra el tráfico del patrimonio cultural.

Los países miembros solicitarán a estos organismos, adoptar la iniciativa de un sistema de registro con estándares internacionales para el adecuado registro de bienes de patrimonio cultural, contando con su cooperación económica y financiera. Además, se buscará que otorguen una resolución que con carácter vinculante, permita la persecución del ilícito penal de tráfico ilegal de patrimonio cultural.

Fuentes [mcultura]

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